Gasto público Salud

FERNANDO SALVADOR TOLOSANA, JESÚS CONSEJO CABEZA Y ANA ISABEL CEAMANOS LAVILLA, todos ellos miembros del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, ANTE EL PLENO ORDINARIO, PARA SU DEBATE Y POSIBLE APROBACIÓN, PRESENTAN LA SIGUIENTE M O C I Ó N El Sistema Nacional de Salud, creado con la Ley General de Sanidad de 1986, es una conquista de la sociedad española. El modelo de sanidad creado a partir de entonces ha basado su desarrollo en los principios de universalidad, equidad, calidad, cohesión y lucha frente a las desigualdades en salud, habiendo conseguido avances sanitarios de gran magnitud que han situado a la sanidad española entre las primeras del mundo desarrollado. Una clave relevante que explica el enorme avance de nuestro sistema sanitario público radica en su carácter de sistema ampliamente descentralizado que ha permitido que las Comunidades Autónomas desarrollen servicios regionales de salud que han respondido de manera satisfactoria a las necesidades sanitarias de la población. El Sistema Nacional de Salud español dispone de profesionales sanitarios altamente cualificados sin cuya implicación y compromiso con los objetivos sanitarios no hubiera sido posible alcanzar los niveles de calidad logrados en la Sanidad durante estos años. Los ciudadanos han apreciado el desarrollo del Sistema Nacional de Salud y su capacidad de dar respuesta a las necesidades socio-sanitarias en base a la importante labor desarrollada desde el ámbito institucional de nuestra Comunidad Autónoma; de hecho, la sanidad pública regional y el conjunto del Sistema Nacional de Salud han sido tradicionalmente el servicio público mejor valorado por la población. La caída de ingresos en todas las administraciones a causa de la crisis económica han condicionado la adopción de medidas de control del gasto y de austeridad que permitan contribuir a la sostenibilidad económica de nuestra sanidad pública. Entre 2010 y 2011, el Gobierno de España adoptó conjuntamente con las Comunidades Autónomas, una serie de acciones que permitieron rebajar de manera importante los gastos sanitarios en ámbitos que no afectaron ni a la calidad de las prestaciones ni los derechos de la ciudadanía. En estos acuerdos, nuestra Comunidad Autónoma jugó un papel activo y protagonista. Fueron medidas de control del gasto farmacéutico, medidas de gestión centralizada de compras, medidas de coordinación institucional y otras que permitieron asegurar austeridad sin afectar derechos ni calidad. Sin embargo, el acceso del PP al Gobierno de España ha tenido como consecuencia la caída de la confianza de la población española sobre la sanidad pública y su aparición como una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos. El Gobierno del Sr. Rajoy ha generado una enorme preocupación social al afirmar que la sanidad española no es sostenible y plantear una reforma del Sistema Nacional de Salud, que ha tocado elementos esenciales del modelo al acabar con la universalización de la sanidad por razón de ciudadanía y sustituirlo por un modelo de aseguramiento ligado a la seguridad social. Un modelo en el que quién no esté incluido, tendría que demostrar no disponer de ingresos suficientes para adquirir la condición de asegurado. La sanidad deja de ser pública, universal y gratuita para todos los ciudadanos y se convierte en una sanidad sólo para los asegurados y la beneficencia. Esta modificación retrotrae al sistema sanitario a un modelo de aseguramiento similar al vigente en los años setenta y principios de los ochenta; antes de la aprobación de la Ley General de Sanidad, de 1986. Se vuelve a una situación similar al sistema insolidario que existía en España en los años 70. Junto a ello, la decisión de romper la cartera de prestaciones con carteras complementarias, abre la puerta al copago de muchas prestaciones por las que hasta ahora no había que hacerlo. Por primera vez los pensionistas van a tener que pagar por las medicinas que precisan, un 10 % de los medicamentos que les recete el médico y las personas en activo van a tener que pagar también, al menos, un 25 % más de lo que pagan ahora, pasando del 40 % al 50% del precio. Muchos ciudadanos que hasta ahora no tenían que pagar por el transporte sanitario no urgente, ahora tendrán que hacerlo. Y así, se abre la puerta a nuevos copagos sanitarios con el cambio normativo que el Gobierno ha realizado publicando en Real Decreto Ley 16/2012 en lo que supone un auténtico Decretazo aprobado unilateralmente sin diálogo ni consenso. El sistema nacional de salud pueda ser sostenible sin realizar recortes en las prestaciones, sin mermar la calidad y sin implantar el copago sanitario. Una sanidad pública de calidad es un bien irrenunciable y una política fundamental para la equidad y la cohesión. Se está produciendo una quiebra importante en un sistema de igualdad de oportunidades, sistema que propugnamos desde el Grupo Socialista. No es consecuencia de imperativo económico ineludible, sino de una opción ideológica clara. Consideramos necesario equilibrar las cuentas y tender hacia una minoración del déficit, pero sin poner en riesgo el modelo social. Resulta totalmente imposible que los servicios públicos aragoneses puedan mantener los mismos parámetros de calidad si las aportaciones presupuestarias disminuyen en tal magnitud como la que se pone de relieve en el Real Decreto. Por ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, presenta para su debate y aprobación la siguiente M O C I Ó N 1.- Declarar públicamente que el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén solicita la derogación del Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 2.- Instar al Gobierno de España a dialogar con las fuerzas políticas, agentes sociales y Comunidades Autónomas para alcanzar un gran acuerdo que permita garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, manteniendo los principios establecidos en la Ley General de Sanidad de 1986. La Puebla de Alfindén, 28 de junio de 2012.